*Las Agencias de los Ministerios Públicos se encuentran también habilitadas
Alfonso Yonca González
Orizaba, Veracruz.- El Instituto Electoral Veracruzano como las mismas agencias del Ministerio Público se encuentran ya habilitadas para recibir las denuncias, por si llegase a presentar una querella por compra de votos ó haber incurrido en una situación de índole electoral que no esté permitida dentro del Código, expreso el presidente del Consejo Distrital XV, Samuel Trujillo Cano.
Precisó que para evitar lo antes mencionado se le ha exhortado a la población, hagan conciencia, sobre el candidato que hayan elegido, lo razonen y lo emitan de una manera voluntaria sin coacción, sin amenaza y sin influencia de alguna especie.
Y es que señaló que como organismo encargado de la contienda electoral, se han capacitado para brindar la atención necesaria sobre acciones que puedan ser el parte aguas en la elección del 4 de julio, no obstante dijo que en esta ocasión también los agentes del ministerio público serán coadyuvantes.
Señaló que de manera administrativa la denuncia que quieran interponer sobre la presunta compra de votos la podrán hacer ante el consejo electoral distrital porque resalto que hay dijo un procedimiento sancionador que establece el mismo código, pero a su vez la infracción a cualquier normatividad que proviene del código se considera delito y por ende constituye delito y por tanto podrán también acudir a los ministerios públicos.
Trujillo Cano, abundo que en algunos puntos del distrito se prevén exista agencias especializadas sobre delitos electorales por lo que podrán atender este tipo de irregularidades, asimismo dejó ver que los notarios públicos también estarán participando en la contienda para la certificación de actas que así se requieran por parte de los inmiscuidos en esta contienda.
Finalmente y sobre el hecho de evitar que los votantes lleven consigo celulares que tengan cámara al momento de sufragar su voto, lamentablemente no se le puede prohibir porque que estarían atentando contra la vida privada de los ciudadanos.